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Las masacres en las cárceles se disparan en Ecuador

Los llantos de las esposas y madres de los 116 presos muertos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil se mezclaban ayer con los gritos del funcionario que, encaramado a una valla, gritaba los nombres de los reclusos fallecidos para que sus familiares entraran a reconocerlos en la morgue de la ciudad.

El motín del martes –que se prolongó hasta la madrugada del miércoles– es ya el más sangriento de la historia de Ecuador. Los 116 fallecidos y 80 heridos se suman a los 118 muertos en otras nueve masacres que, solo este año, han tenido lugar en distintas prisiones del país.

Cuerpos desmembrados, decapitados o incinerados provocan la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Estas cifras han hecho saltar las alarmas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a través de Twitter, cargó contra el Gobierno del conservador Guillermo Lasso –que ocupa la presidencia desde mayo pasado– y le instó a “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos, e implementar acciones para evitar repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías, y prevenir el accionar de grupos criminales dentro de las mismas”. La CIDH recuerda que “en 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías” ecuatorianas.

La matanza de esta semana ha superado a la ocurrida en febrero pasado en Cuenca, Guayaquil y Lacatunga, cuando varios motines simultáneos en prisiones de estas tres ciudades provocaron 79 muertos. Al igual que entonces, el martes también se produjeron asesinatos por disparos de bala, decapitaciones, desmembramientos e incluso fueron hallados muchos cadáveres amontonados e incinerados.

Restricciones al contacto entre los presos

Lasso decreta el estado de excepción durante 60 días en todas las prisiones, lo que se traduce en el ingreso del Ejército a los centros

Lasso decretó el estado de excepción durante 60 días en todas las prisiones de Ecuador, lo que se traduce en una restricción de los contactos entre los presos y el ingreso del Ejército a los recintos. “Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas de delincuentes”, declaró el mandatario, antes de conocer las críticas de la CIDH, que se suman a las quejas expresadas desde hace años por organizaciones locales de derechos humanos. Las oenegés consideran que los centros penitenciarios –cuyo interior está controlado a la práctica por diferentes bandas criminales– no llevan a cabo en absoluto su función de rehabilitación social.

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Written by RadmilaV

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