El lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea sancionaron a 11 iraníes y tres entidades por la brutal represión en las calles de las protestas de las últimas semanas tras la muerte de Mahsa Amini. En esa reunión, el alto representante, Josep Borrell, dirigió el debate sobre si era posible, apropiado o necesario hacer lo mismo ante las crecientes evidencias de que Teherán estaba suministrando todo tipo de armamento, pero sobre todo drones, a Rusia, para que pueda seguir atacando ciudades e infraestructuras ucranianas. Las pruebas presentadas por diversos servicios de inteligencia, y por el Gobierno ucraniano, son suficientes para los 27, que este miércoles, tras dos días de discusiones, han dejado cerrada la decisión de ampliar la lista ‘negra’.
El Servicio de Acción Exterior aboga por incluir de forma inmediata a tres altos mandos del Ejército responsables del programa de drones, así como a Shahed Aviation, una de las empresas que los fabrica y distribuye, según fuentes diplomáticas. Es el primer paso, pero no el último. Fuentes comunitarias explican que hay numerosos responsables perfectamente identificados y en la diana, pero por diferentes razones legales no han podido ir tan rápido.
La inteligencia norteamericana no tiene dudas de la implicación iraní, e incluso cree que además de los drones ha proporcionado o va a proporcionar misiles y que hay instructores de su Ejército sobre el terreno, en Crimea. Teherán lo niega también, y sobre todo amenaza con consecuencias serias sobre el delicadísimo acuerdo nuclear que se lleva negociando más de un año, y que perpetuamente pende de un hilo.



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